La solución de conflictos en un contrato internacional ¿tribunales o arbitraje? (I)




en 4 minutos:

Introducción

Existen cuatro fórmulas que regulan la solución de un conflicto surgido en la interpretación de un contrato internacional, una vez agotada la vía amistosa:

- Los tribunales de justicia
- El arbitraje
- La conciliación
- La mediación

Las dos últimas, la conciliación y la mediación, son meros intentos de arreglo a través de un tercero que únicamente son vinculantes si efectivamente hay un arreglo. Es decir, cualquier parte se puede apartar del proceso sin consecuencia alguna.

Por lo tanto, la importancia y presencia de la conciliación y mediación en la práctica son muy limitadas.

Las dos fórmulas más utilizadas para la solución de los conflictos en el comercio internacional son los tribunales de justicia y el arbitraje.

El arbitraje es un sistema de solución de conflictos alternativo a los tribunales de justicia, establecido por Cortes de Arbitraje que dependen de diversos organismos (Cámaras de Comercio fundamentalmente) o por árbitros individuales escogidos por las partes, que culmina con una resolución denominada laudo, que tiene igual valor jurídico y fuerza ejecutiva que una sentencia dictada por un tribunal de justicia.

Entonces, si la sentencia judicial y el laudo arbitral tienen los mismos valores jurídicos y fuerza ejecutiva, ¿cuál de los dos sistemas deberemos escoger a la hora de redactar y firmar un contrato internacional?

Criterios de elección

Obviamente, la situación ideal en una relación comercial entre dos partes es que dicha relación sea tan beneficiosa y pacífica que ni siquiera haga falta la firma de un contrato que regule los distintos derechos y obligaciones de las partes.

No obstante, la realidad no siempre es así, y en la práctica resulta muy conveniente firmar un contrato e incluir una cláusula de solución de conflictos en prevención de futuras controversias.

Un contrato es como un seguro. Ojalá nunca lo tengamos que utilizar, pero conviene tenerlo por si surge un problema.

En este sentido, los criterios que debemos tener en cuenta para elegir entre tribunales o arbitraje como sistema de solución de las posibles discrepancias con la otra parte en un contrato son:

1.- El tiempo hasta que se dicta la sentencia o el laudo

El sistema judicial en general es más lento que el arbitraje. En primer lugar por el general retraso de los juzgados, y en segundo lugar por la posibilidad de recurrir las sentencias.

Por el contrario, el laudo arbitral debe ser dictado en un plazo de seis meses, salvo que las partes acuerden un plazo superior (dicho plazo está establecido por la Ley de Arbitraje española. Una Corte de Arbitraje o árbitro extranjeros podrían establecer un plazo superior).

Además, en el arbitraje no existe la posibilidad de interponer recursos (lo cual nos puede beneficiar o perjudicar, dependiendo del resultado del laudo) salvo el recurso de revisión, el cual es excepcional y únicamente se puede interponer en casos muy particulares.

En conclusión, en principio, la obtención del laudo arbitral es más rápida que una sentencia judicial firme, esto es, que no se pueda recurrir. Dicha afirmación no impide que haya casos en los que se dicte una sentencia judicial en unos pocos meses y que no sea recurrida por la parte perjudicada.

En la práctica, en ocasiones la importancia de la rapidez a la hora de dictar una sentencia o un laudo (sin perjuicio del tiempo para su ejecución, como veremos a continuación) reside en que mientras esté pendiente un procedimiento judicial o arbitral no podremos nombrar a un nuevo distribuidor, o agente, o franquiciado, o licenciatario (si ostentan derechos de exclusiva), y tendremos el correspondiente mercado paralizado.

2.- El tiempo desde que se dicta hasta que se ejecuta la sentencia o el laudo

Una vez dictada la sentencia o el laudo, si hemos ganado el caso y la resolución obliga a la otra parte a realizar alguna actividad (pagar un importe, por ejemplo), o a abstenerse de hacerla (seguir vendiendo nuestro producto, por ejemplo), casi tan importante como el resultado de la resolución es la ejecución o cumplimiento de la misma.

A este respecto, conviene reiterar que el laudo tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia.

Pues bien, si se trata de una sentencia de un tribunal europeo (de la Unión Europea más concretamente), el Reglamento 44/2001 de la Unión Europea establece que la sentencia se ejecuta directamente en el juzgado del domicilio del ejecutado.

Por lo tanto, dicha ejecución en principio podría ser bastante rápida, pero se suspendería si la parte perjudicada hubiera interpuesto un recurso frente a la sentencia.

Si se trata de una sentencia de un tribunal no europeo, el procedimiento para su ejecución en España se denomina exequátur, se tramita ante el Tribunal Supremo y es bastante lento. También en este caso la sentencia debe ser firme, es decir, no se ha interpuesto recurso alguno frente a ella.

Con relación al arbitraje, en primer lugar deberemos comprobar que el laudo dictado en el extranjero puede ser ejecutado en España, o el dictado en nuestro país puede ser ejecutado en el extranjero. A este respecto, el Convenio de Nueva York de 1958 que regula el reconocimiento de los laudos ha sido firmado por la mayoría de los países.

Una vez comprobado que el laudo extranjero es reconocido en España, o el laudo español es admitido en el extranjero, deberemos examinar el procedimiento para su ejecución, para su cumplimiento.

La ejecución de un laudo extranjero en España también se lleva a cabo a través del exequátur ante el Tribunal Supremo.

Para contemplar la ejecución de un laudo español en el extranjero deberemos estudiar el procedimiento establecido en el derecho interno de dicho país de ejecución.

En conclusión, si se trata de una sentencia dictada por un tribunal europeo la ejecución será más rápida que en el caso de un laudo de cualquier país, salvo que dicha sentencia haya sido recurrida por la parte perjudicada ante el tribunal que la dictó.

Por el contrario, si es una sentencia dictada por un tribunal no europeo, su ejecución sigue el mismo procedimiento que un laudo extranjero, el exequátur.

En el próximo boletín entregaremos la segunda y última parte de este artículo.

Carlos Iribarren
Octubre de 2003